Como todos sabemos, el jefe debe pagar el sueldo de todo aquel empleado que tenga: a cambio de los servicios que le presta éste, aquél le remunera periódicamente con una cantidad de dinero.
Los ciudadanos, a través de nuestros impuestos, pagamos regularmente el sueldo de todas aquellas personas que componen el estamento público: el Gobierno, los diputados y senadores, los médicos de la Seguridad Social, los jueces, los fiscales, el personal militar, la policía y cualquier otro funcionario de mayor o menor rango.
Son, en definitiva, nuestros empleados: nosotros pagamos, ellos nos dan un servicio.
Por lo tanto, como jefes, debemos exigirles continuamente.
Cuando todo falla día tras día, cuando la Justicia mantiene retrasos inconmensurables, cuando la Seguridad Social ofrece una calidad de servicio de posguerra, con listas de espera inabarcables, cuando la delincuencia campa a sus anchas por las calles, cuando los nacionalistas paletonazis amenazan con autorreferenda de autodeterminación y ninguna institución pública mueve un dedo (Gobierno, monarquía, ejército...)...
¿Es lícito seguir pagándoles el sueldo? ¿Es nuestra obligación pagar por un servicio que no nos dan, o, por lo menos, que no nos dan correctamente?
Que no digan luego, como ha dicho algún zopenco del PSOE que la culpa de los atrasos judiciales la tuvo Franco, porque ya han tenido tiempo, en 30 años de esta aciaga Constitución disgregadora y de impuestos ciudadanos, de arreglar la situación.
Nosotros pagamos, nosotros exigimos.
Sólo hay dos sistemas en los que alguien paga una cantidad periódicamente para el mantenimiento de un grupo de personas:
Uno se llama jefatura.
Otro se llama mafia.
Publicado previamente en: El Filóloco y Mi Querida España
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